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Lunes, 11-03-2019

El Gobierno obliga a las empresas a registrar la jornada laboral de sus empleados

El Gobierno ha aprobado la introducción obligatoria de un registro de horario de trabajo de empleados en todas las empresas para “combatir el fraude laboral y controlar el uso de horas extras”, ha explicado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La medida obliga a que las compañías tengan en un plazo de dos meses de forma operativa un sistema de control para registrar las jornadas laborales efectivas de sus empleados. No obstante, la nueva normativa sólo sienta una base legal y la concreción de las medidas aplicadas en cada empresa deberá ser negociada con los representantes de los trabajadores dada las diferentes particularidades de las compañías.

Este punto ha provocado fuertes críticas desde los sindicatos, que consideran que la medida no será efectiva y no alcanzará a aquellas empresas donde el fraude está más extendido como son las microempresas del sector servicios, especialmente vinculadas a la restauración. “No se recoge el derecho de las y los trabajadores a tener acceso e información de la jornada realizada, ni la obligación de información a la representación legal de las y los trabajadores, remitiendo a la negociación colectiva el establecimiento del propio registro de jornada y en su defecto, dejando en manos exclusivas del empresario organizar y documentar este registro”, lamentan desde CCOO.

Sin embargo, la CEOE apoya este cambio para que la introducción del registro horario se determine dentro de la propia empresa y no a nivel sectorial. Su presidente, Antonio Garamendi, ha indicado en una entrevista en la Cadena Ser que los empresarios están “moderadamente satisfechos” con el decreto incorpora la negociación colectiva para su establecimiento y finalmente “no es lesivo para las empresas”.

Los empresarios aplauden que la modificación normativa tampoco afectará a la flexibilidad de la jornada laboral. En el caso de las empresas cuyos trabajadores permanecen parte o toda la jornada fuera de su oficina, los sindicatos creen que existen mecanismos telemáticos que podrían facilitar este control siempre dentro de la jornada y la ocupación del trabajador.

Las compañías deberán conservar los registros durante cuatro años y que permanecerán a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las empresas dispondrán de dos meses desde la publicación del real decreto en el BOE , prevista para el próximo martes, para poner en marcha esta medida.